El Gobierno acuerda con los sindicatos la reforma para acabar con el abuso de la temporalidad en la administración La ansiada lucha contra el abuso de la contratación temporal en la Administración Pública toma desde hoy una nueva dirección, en sintonía con los deseos de Bruselas, y coloca en la mirilla del Gobierno el objetivo de rebajar hasta el 8% la tasa que recoge la media europea, y que España supera actualmente en 20 puntos (28%). Es una de las reformas comprometidas por el Gobierno con Bruselas en el plan de recuperación para cobrar los fondos europeos. En los últimos meses, además, la tasa de precariedad en la administración se ha disparado debido a la contratación de profesionales sanitarios, profesores y otros empleados públicos para afrontar la crisis de la covid-19. La medida afectará a unos 300.000 trabajadores temporales de la Administración, según cálculos del ministerio; y 800.000 empleados, según los de las organizaciones sindicales.
El pacto entre Función Pública y los sindicatos recoge que los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público (el interino además tendrá asimismo garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo). Por su parte, “las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral. Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan (en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores”, según explica CSIF a través de un comunicado difundido tras el acuerdo.
“Buscábamos una solución práctica, justa y que cumpliera con la legalidad para los cientos de miles de personas que ocupan puestos estructurales y que han llegado a ellos ocupando diversos contratos de interinidad. Y creo que lo hemos encontrado”, aseguró, tras la firma del pacto en la sede de Función Pública, el ministro Miquel Iceta. “No vamos a cometer ninguna injusticia con ningún interino y vamos a llamar a las Administraciones para que no se pierda ni un átomo de capacidad en los servicios públicos”, añadió. No en vano, el marco acordado establece solamente el camino a transitar, ya que serán las comunidades autónomas y las entidades locales las que establezcan finalmente las condiciones a aplicar en sus territorios.
“La reforma firmada profesionaliza el modelo de empleo público, mantiene la figura del personal funcionario interino y vigila su adecuada utilización por parte de la Administración, al tiempo que establece un marco flexible de seguridad jurídica en el marco de las Administraciones estatal, autonómica y local”, señala UGT.
El proceso de estabilización, que deberá estar resuelto antes del 31 de diciembre de 2024, afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal y de manera ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público de los años 2017 y 2018. “Queda mucho por hacer, pero hoy avanzamos”, señaló Miguel Borra, presidente de CSIF. “Es un acuerdo que apuesta por dignificar a los eventuales reconociendo que sus derechos son iguales que los fijos y funcionarios de carrera”, indicó, por su parte, Paco García, coordinador del área pública de CC OO. “Este compromiso adopta medidas preventivas y sancionadoras que evitan las anomalías que se han venido produciendo cíclicamente”, celebró Julio Lacuerda, Secretario General de Servicios Públicos de UGT.
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