Estos días hemos leído titulares a mayor gloria del gobierno sobre el plan para hacer fijos a 67.000 sanitarios. Pero esos titulares ocultan (o desconocen) cuál es el núcleo del problema (un abuso contra "personas" trabajadoras) y la raíz de donde arranca todo esto: el incumplimiento continuado y consciente por parte de nuestras Administraciones públicas españolas (con la colaboración necesaria de algunos sindicatos) de la legalidad y la jurisprudencia europea en el ámbito laboral, la que prohíbe la explotación y el abuso de esas "personas" (que no "plazas").
Los actores principales en esta acción que Europa condena (y sanciona) y coautores del crimen, administraciones públicas y muy señalados sindicatos, siguen sin entender (sin querer entender) que el problema que aún tenemos y el que se deriva del marco legal europeo incumplido es un abuso de las "personas" no de las "plazas". Las "plazas" no pueden ser abusadas y explotadas laboralmente, las "personas" sí. Y eso es lo que ha ocurrido en España. Y eso es lo que prohíbe y condena la legalidad europea. Y eso es lo que requiere una solución urgente y exige una reparación de las víctimas de lo que sin ninguna duda es una de las mayores estafas laborales de nuestra historia reciente. Víctimas que son "personas" y no "plazas".
La solución que ahora se implementa para las personas abusadas y explotadas durante 10, 20, o más años, es echarlas a la calle, y que entren personas nuevas, sin la experiencia y sobre todo sin los derechos consolidados de los primeros, muchos de ellos ganados por los propios interinos a lo largo de los años en los tribunales, por ejemplo el cobro de trienios, por ejemplo el cobro de carrera profesional, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aún se resiste cerril a pagarles, a pesar de que sea consciente de que obrando así incumple la Ley y la jurisprudencia (ni que tuviera patente de corso y ausencia de costas en los tribunales).
Este planteamiento contra los trabajadores que han dedicado toda su vida laboral a un servicio público en condiciones de explotación y menores retribuciones, y que han combatido en primera línea (con numerosas bajas en sus filas) la pandemia, deja en muy mal lugar a un gobierno que se dice progresista, y también a los sindicatos que le hacen de coro.
Lo que subyace a la situación actual es una falta de coraje del gobierno central para dar cumplimiento a la legalidad y la jurisprudencia europea, y un atrevimiento por parte de algunos gobiernos autonómicos para incumplir no solo la legalidad europea sino la legalidad nacional recién estrenada.
La Ley 20/2021 que implementa esta falsa solución, además de ser mala e incumplir la legalidad y jurisprudencia europea, resulta a su vez incumplida en muchas comunidades autónomas que tienen por costumbre hacer de su capa un sayo. Por ejemplo, hay "plazas ocupadas con carácter temporal e ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016" (verbigracia las plazas PEAC del #SESCAM de Castilla-La Mancha, en plena y continuada actividad asistencial desde el año 2005) que no saldrán a concurso extraordinario de méritos (que es lo que corresponde legalmente según la citada Ley), concurso que va a ser, según nos dicen, único y sin posibilidades de que se repita.
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