El portavoz del gobierno Andaluz, Miguel Ángel Vázquez, publicó ayer en su blog personal lo siguiente:
Sólo los usuarios registrados pueden ver los Links.
Register or
LoginLa Junta de Andalucía mantiene su hoja de ruta y convocará 8.000 plazas de empleo público en 2017. Esta apuesta firme permitirá seguir mejorando el funcionamiento de los servicios públicas, clave para la igualdad real de los ciudadanos, y permitirá a personas que llevan muchos meses preparándose encontrar un puesto de trabajo. Aunque sólo sea por estas dos razones, el Gobierno de la nación debe de dejar de meter miedo y no usar a los opositores como arma arrojadiza en el debate política. En Andalucía, las primeras oposiciones son las de cuerpo de maestros y no hay motivos para sembrar dudas sobre las 2.468 plazas que se ofertan en esta comunidad.
Desde el Ministerio de Hacienda se está intentando confundir a la opinión pública. La tasa de reposición no está vinculada a la prórroga presupuestaria. Es más, todos los escenarios posibles llevan al normal desarrollo de la oferta de empleo público prevista por Andalucía. Si hay Presupuestos Generales del Estado, la tasa de reposición se mantendrá al menos en el 100%. Si no hay nuevas cuentas, dicha tasa quedará prorrogada como mínimo igual que estaba en 2016. Habrá oposiciones sí o sí. Ante su incapacidad política para sacar adelante los presupuestos, el Gobierno de Rajoy está intentando coaccionar una vez más a las comunidades autónomas. Es un chantaje burdo que no tiene ningún sustento legal. Digan lo que digan los que intentan distraer y atemorizar a los opositores, la oferta pública de empleo en educación tiene toda la cobertura legal y todo el respaldo presupuestario.
Lo que tiene que hacer ya el Gobierno de la nación es eliminar cualquier límite a la tasa de reposición, como se exigió en la reciente Conferencia de Presidentes. Y que se plantee un proceso extraordinario de consolidación de empleo público para absorber las altas tasas de temporalidad e interinidad que la crisis ha dejado en el sector público. Debe ser un proceso coordinado en todas las CCAA para evitar un efecto llamada y proteger así a los profesionales que actualmente desempeñan su función en la administración andaluza.
Independientemente de acusaciones mutuas entre partidos, yo tengo entendido que a falta de presupuestos se prorrogan los del año anterior y éstos dan cobertura legal a la convocatoria con las condiciones que en ellos se estipulen. Por este motivo me extraña que esto no salga a relucir por ningún sitio y también veo lógico lo que el portavoz del gobierno argumenta.
Si el gobierno central amenaza con que no puede haber oposiciones si no hay PGE ¿
por qué no hace referencia expresa a la normativa en que se basa para afirmar tal cosa y así desacreditar a las comunidades que opinan lo contrario?
