Trama corrupta en Galicia
El empresario Jorge Dorribo acusa al ministro José Blanco de cobrar comisiones
También implica a un ex consejero del BNG y a un diputado autonómico del PP
Según las mismas fuentes, Jorge Dorribo decidió colaborar con la Justicia a cambio de obtener su libertad provisional, lo que logró el pasado mes de agosto sin que la Fiscalía presentase ningún recurso.
Dorribo conoció al ministro de Fomento a instancias de su socio José Antonio Orozco, vicepresidente y uno de los principales accionistas de la empresa de transportes Azcar. Después de que Orozco le comunicara al empresario farmacéutico que el ministro quería conocerle personalmente, Dorribo se constituyó en uno de los principales impulsores de la concesión a José Blanco de la insignia de oro de la Confederación de Empresarios de Lugo, un acto que tuvo lugar el 16 de abril de 2010.
Según declaró Dorribo a la juez, el ministro y número dos del PSOE hizo gestiones ante Hacienda para que la Dirección de Ayudas Regionales subvencionase con 467.267 euros a sus empresas, y también utilizó sus influencias ante el Ministerio de Sanidad para que acelerara los permisos administrativos para la comercialización de los productos conocidos como unidosis.
¿Cómo recibió Blanco el dinero? Según Dorribo, el ministro le indicó que debía contratar los servicios de dos empresas: Proitec, y Electricidad Espiñeira y Bran.
La primera de ellas es una compañía que se dedica a la consultoría y la realización de estudios. De hecho, ha sido esta sociedad la que ha realizado los informes ante la Xunta para que a Dorribo le concediesen las ayudas públicas. Sus dos copropietarios, Carlos Monjero y Javier Rodríguez, también fueron detenidos en el mes de mayo en el curso de la llamada operación Campeón, iniciada a instancias del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y dirigida por la juez Estela San José.
La segunda empresa es propiedad de un primo político del ministro, Manuel Bran.
Según testificó ante la juez, Dorribo habría pagado 200.000 euros en metálico a Bran, además de haberle concedido contratos inflados por valor de otros 200.000 euros.
Las ayudas públicas y créditos recibidos por las empresas de Dorribo se elevan a un total de 5,6 millones de euros. El pasado mes de marzo, a través del Igape (Instituto Gallego de Promoción Económica), se le concedieron 992.942 euros a fondo perdido para la construcción de una planta de medicamentos en Rábade (Lugo). En diciembre de 2010, logró del citado Instituto un crédito de otros 2,9 millones de euros en condiciones muy ventajosas, financiado por el Banco Europeo de Inversiones, cuya vicepresidenta es la ex ministra de Fomento socialista Magdalena Álvarez.
En su declaración ante la juez San José, Dorribo también implicó en el fraude de las ayudas públicas al ex consejero de Industria de la Xunta Fernando Blanco, actual miembro de la Asamblea de Galicia por el BNG. Durante el Gobierno de coalición del PSdeG/BNG, las empresas de Dorribo recibieron a través del Igape ayudas públicas de 1,5 millones de euros.
Según declaró el empresario, José Blanco habría cobrado en metálico 350.000 euros. Además, Dorribo le habría hecho participar en sus negocios a través de Xoan Bazarra, un supuesto testaferro del ex consejero de la Xunta Fernando Blanco. Bazarra fue jefe de gabinete de este último y actualmente es gerente de una empresa de Dorribo domiciliada en Andorra.
Las implicaciones en las subvenciones ilegales de la Xunta no se limitaron a José Blanco y Fernando Blanco, sino que afectan también a un parlamentario gallego del PP: Pablo Cobián. Según declaró Dorribo ante la juez de Lugo, Cobián habría cobrado 200.000 euros por realizar gestiones ante la Xunta, además de lograr un patrocinio para su hijo, aficionado a las carreras de coches.
Ante la aparición de estos dos parlamentarios autonómicos, la juez Estela San José ha decidido remitir inicialmente sus investigaciones al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, quien ya se ha declarado competente y ha nombrado como instructor al magistrado Pablo Sande.
Según fuentes solventes, en los próximo días la juez elevará el caso al Supremo, ante la presunta implicación del ministro de Fomento en un posible delito de cohecho.
La juez tiene previsto levantar el secreto de sumario en los próximos días.
