A ver estudiando lo que ha salido hoy hay mucha confusión. CSIF pide al gobierno y comunidades autónomas que se puede liar bien gorda porque el fraude de ley es a partir de los 3 años y no cinco años. Esto quiere decir que se puede producir un aluvión tremendo de demandas de interinos de 3 y 4 años pidiendo que se tumbre el acuerdo de interinos de 5 años en adelante y que todos los procesos que haya de oposiciones sean invalidados y tumbados por tribunales.
Parece ser que ya sindicatos como CSIF si reconocen que la Unión Eurpea afirma que el fraude de ley es a partir de los 3 años y no de los 5 años. Ya si reconocen eso, qué casualidad.
Esto quiere decir que los procesos de oposiciones del año 2022 en adelante deben sacar plazas que no puedan ser ocupadas por interinos en fraude de ley porque estos pueden denunciarlo ante los tribunales y que el proceso sea invalidado.
La situación al final se esta poniendo complicada pero bastante complicada y las comundiades deben aclarar qué van a hacer el año próximo con las oposiciones.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que garanticen la seguridad jurídica en el proyecto de Ley sobre temporalidad para evitar que los tribunales tumben los procesos selectivos y ocasionen más perjuicios al personal temporal.
CSIF afronta la tramitación de esta norma con prudencia. No podemos hacer una valoración precisa hasta conocer el resultado de las enmiendas pactadas entre los diferentes grupos parlamentarios y el texto final de la norma.
Desde el respeto a la decisión que adopte el Parlamento, como no puede ser de otra manera, CSIF considera necesario aclarar los criterios para determinar que las plazas que hayan estado cubiertas durante más de cinco años (con anterioridad al 1 de enero de 2016) se cubran por el sistema de concurso. Hay que recordar que el Tribunal Supremo modificó su jurisprudencia y estableció que aquellos contratos temporales que excedan de los tres años se consideran abusivos.
Los grupos parlamentarios también deben aclarar si esta enmienda afecta a todas las plazas, o solo a aquellas que no han salido a oferta de empleo público.
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