Tiene razón la Sra. Consejera, se han minimizado los recortes,
no nos consta ni una sola reducción del personal de la AGAEVE, a pesar de la descarada y costosa inutilidad de las pruebas de diagnóstico y de la retirada del Plan de Calidad que debía ser gestionado por dicha agencia, ni tampoco hay reducciones en el ISE o en los demás artefactos de la Consejería.El caso, es que hace un año, el portavoz de APIA compareció ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento Andaluz proponiendo medidas que hubieran podido evitar en buena parte el masivo despido de interinos, la ampliación de horarios o las reducciones de salarios. Y delante estaban los parlamentarios de todos los grupos políticos, algunos de los cuales pretenden hacernos creer que se acaban de enterar de estas propuestas que supuestamente abanderan los de esta Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública.
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-En primer lugar, que se palíe la sobrecarga laboral y la consiguiente pérdida de empleos docentes implantando en Secundaria el cómputo de las horas de guardia como horas lectivas e introduciendo en Andalucía el régimen de compensación de horas lectivas contemplado en el Real Decreto-Ley 14/2012.
-En segundo lugar, que se adopten medidas más equitativas de ajuste del gasto educativo, cuya adecuada gestión permitiría prescindir de los recortes o cuanto menos paliarlos. A título de ejemplo, podemos mencionar las siguientes:
1º. Reducir drásticamente el número de altos cargos, asesores, coordinadores y docentes adscritos a tareas administrativas.
2º. Reducir el amplio catálogo de planes, programas y proyectos prácticamente inútiles, cuando no contraproducentes, entre los que cabe destacar el Plan de Calidad, popularmente conocido como "plan del soborno".
3º. Eliminar la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, una institución costosa, ajena a los más elementales controles administrativos, y cuyo único objetivo real es maquillar estadísticas.
4º. Suprimir los numerosos e ineficaces Centros de Formación de Profesorado, restableciendo una formación continua académica y de calidad, inspirada en el principio constitucional de la libertad de cátedra.
5º. Acabar con políticas tan costosas e ineficaces como el reparto gratuito de ordenadores portátiles.
6º. Sustituir el sistema de gratuidad de los libros de texto, socialmente regresivo por cuanto subvenciona en la misma medida al rico que al pobre, por un sistema de becas vinculadas a las rentas inferiores.
7º. Reducir las cuantiosas subvenciones puntuales que determinados sindicatos, patronales y asociaciones reciben por conceptos ajenos al núcleo de la función sindical y educativa.
