La Junta no descarta ERE para 2013 en las empresas públicas
SEVILLa- La reordenación del sector público andaluz iniciada en 2010 estará culminada antes del 31 de diciembre de este año. Así lo aseguró ayer la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien además dejó la puerta abierta a que ésta conlleve algún expediente de regulación de empleo (ERE) en las empresas públicas de la Junta.
Insistió en que la única «condicionalidad» que implica adherirse al Fondo de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), del que han pedido 4.906 millones, es «cumplir» con el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio en el que se contempla esa reordenación. Proceso «hecho en su mayoría».
¿Qué falta? «La disolución de los 95 consorcios de las Utedlt –que tienen que integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)–» que «requiere la concurrencia de varias administraciones», complejidad en la que la consejera justificó su tardanza.
Preguntada sobre el futuro de los entes públicos empresariales que carezcan de actividad, Martínez Aguayo respondió que éstos «irán teniendo progresivamente una adecuación a las nuevas funcionalidades, a trabajos que hay que hacer, o habrán de ir a un abanico de posibilidades que cada empresa tendrá que dilucidar». «Vamos a situar en el escenario presupuestario el marco financiero de las instituciones –añadió– y será cada una, que es la que conoce la realidad de su desempeño, la que tendrá que plantear las medidas que considere más adecuada». Es decir, su departamento transferirá menos fondos y cada empresa tendrá que decidir si lleva a cabo «una adecuación por la vía de la cantidad –despidos o reducción de la jornada laboral– o por la del precio –rebajas salariales– para adecuarse a la posibilidad real del escenario financiero». Cuestionada en concreto sobre si se puede descartar que se produzcan ERE en esas empresas de la órbita de la Junta para 2013, se limitó a declarar: «No puedo contestar por centros que no son de mi competencia».
Y es que, el «problema» de los consorcios recae en la Consejería que asumió Empleo: la dirigida por Antonio Ávila.
Con todo, la consejera matizó: «Cada empresa tendrá que decidir en virtud de su trabajo cuál es el camino que considera más adecuado. El que plantea la Junta siempre es el del máximo empleo». De hecho, recordó que cuando se incrementó la jornada laboral al conjunto de los empleados públicos a 37,5 horas por un decreto del Gobierno central, se buscaron «medidas que han permitido conciliar la restricción presupuestaria con el máximo mantenimiento del empleo». Posición en la que siguen, dijo.
Si bien, subrayó como positivo la rebaja andaluza de efectivos en un 0,86% mientras en Cataluña se han incrementado en un 3,69, en Baleares en un 22,46% o en un 0,91% en Galicia –datos del registro central del personal, fechados en julio de 2011–.
De otro lado, la titular de Hacienda se negó a adelantar el resultado del plan de venta de inmuebles de la Junta para su posterior alquiler, concepto por el que en la propuesta de reequilibrio se prevén unos ingresos de 330 a 350 millones. Admitió que «probablemente» ese «objetivo» aunque «se mantiene» no se logre, pero se compensará por unos 274 millones más intereses que los tribunales le han reconocido a la región, tras reclamaciones al Estado sobre la liquidación de fondos del modelo de financiación.
¿Apoyaría IU la salida de empleados en la reordenación?
El vicepresidente del Gobierno autonómico y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha defendido estos días que «amarrar» la situación del sector público andaluz al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), era un «error». A su juicio, la situación de las empresas públicas que orbitan alrededor de la Junta tiene que ser abordada «por la propia necesidad racional» y en base al acuerdo programático rubricado por su formación y el PSOE-A como base del Ejecutivo de coalición. En dicho documento no se hace mención empresa al empleo público pero despidos en las empresas de la Junta podrían conllevar una brecha en el bipartito, a la luz de las manifestaciones contra éstos realizadas por diversos miembros de IU. De momento, se aboga por llegar a acuerdos con los sindicatos en cada centro.
