Comparecencia de Joaquín de la Hoz, portavoz de APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía) ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento Andaluz (13/07/2012).
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-La Educación Pública es el principal capital que un país en crisis como España puede atesorar. Es la
única garantía posible para desarrollar un sistema económico capaz de competir, en condiciones sociales justas, con potencias que han basado su desarrollo en la explotación. No obstante, desde hace unos años nos enfrentamos a una política educativa miope y autodestructiva, cuyo resultado no es otro que la
descapitalización del sistema público.
-En esa línea, el Decreto-Ley 1/2012 constituye una
agresión innecesaria e injusta contra el sistema educativo andaluz y sus profesionales. Y lo es por varias razones:
-En
primer lugar, porque
sus efectos se suman a los recortes salariales acumulados desde el 2010, a la pérdida de derechos y empleos ocasionada por el
Real Decreto-Ley 14/2012 y a la anunciada
desaparición de la paga extraordinaria de diciembre, que, no nos cabe la menor duda, acabará ampliándose a ambas pagas.
-En
segundo lugar, porque ya antes de este nuevo recorte
los docentes andaluces estaban entre los peor retribuidos de España: los quintos por la cola en el caso de un Profesor de Secundaria medio.
Con el nuevo recorte Andalucía ha alcanzado el dudoso honor de ser la Comunidad Autónoma que menos paga a sus docentes.
-En
tercer lugar, porque
el horario de los Profesores andaluces está entre los más sobrecargados de España. Andalucía está entre las pocas comunidades cuyo horario lectivo se cuenta en horas reales, no en períodos de 50-55 minutos, y donde el exceso de horas lectivas no se compensa mediante la eliminación de horas complementarias, régimen de compensación, por cierto, contemplado en el
Real Decreto-Ley 14/2012.
Más aún, el Gobierno Andaluz ha desaprovechado la oportunidad de hacer cumplir dicha norma sin sacrificar numerosos puestos de trabajo de interinos ni sobrecargar los horarios por la doble vía del aumento de horas lectivas y el nuevo régimen de sustituciones. La alternativa, como ya este sindicato expresó en su momento, habría sido sencilla: computar en Secundaria las guardias, que son horas de atención directa al alumnado, como horas lectivas, exactamente como ya se hace en Primaria.
-En
cuarto lugar, porque
los recortes se han realizado de un modo torticero y regresivo. Torticero es, en efecto, ingresar en las nóminas una paga adicional que posteriormente debe devolverse. Y regresivo es, por ejemplo, arrebatar a los docentes del grupo A1 la paga adicional de sus sexenios mientras a los del grupo A2 se le respetan los dos primeros, con el curioso resultado de que a funcionarios del grupo A2 y A1 con menores salarios se les recorta un porcentaje mayor de éstos que a funcionarios del grupo A2 con salarios superiores.
-
Por último, porque en beneficio de gastos educativos de carácter accesorio
se ha sacrificado lo esencial del hecho educativo: el trabajo que realiza el docente individual con sus alumnos en el aula.
-Sobre esas premisas, proponemos a esta Comisión:
-En
primer lugar, que se palie la sobrecarga laboral y la consiguiente pérdida de empleos docentes implantando en Secundaria el cómputo de las
horas de guardia como horas lectivas e introduciendo en Andalucía el
régimen de compensación de horas lectivas contemplado en el Real Decreto-Ley 14/2012.
-En
segundo lugar, que se adopten
medidas más equitativas de ajuste del gasto educativo, cuya adecuada gestión permitiría prescindir de los recortes o cuanto menos paliarlos. A título de ejemplo, podemos mencionar las siguientes:
1º.
Reducir drásticamente el número de altos cargos, asesores, coordinadores y docentes adscritos a tareas administrativas.
2º.
Reducir el amplio catálogo de planes, programas y proyectos prácticamente inútiles, cuando no contraproducentes, entre los que cabe destacar el Plan de Calidad, popularmente conocido como "plan del soborno".
3º.
Eliminar la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, una institución costosa, ajena a los más elementales controles administrativos, y cuyo único objetivo real es maquillar estadísticas.
4º.
Suprimir los numerosos e ineficaces Centros de Formación de Profesorado, restableciendo una formación continua académica y de calidad, inspirada en el principio constitucional de la libertad de cátedra.
5º.
Acabar con políticas tan costosas e ineficaces como
el reparto gratuito de ordenadores portátiles.
6º.
Sustituir el sistema de gratuidad de los libros de texto, socialmente regresivo por cuanto subvenciona en la misma medida al rico que al pobre,
por un sistema de becas vinculadas a las rentas inferiores.
7º.
Reducir las cuantiosas subvenciones puntuales que determinados
sindicatos, patronales y asociaciones reciben por
conceptos ajenos al núcleo de la función sindical y educativa.
-
Concluyendo, el pasado miércoles la vicepresidenta del Gobierno Catalán expresó su voluntad de evitar que el nuevo recorte en la paga extraordinaria que prepara el Gobierno Central se acumule con el que Cataluña ya había impuesto.
Habida cuenta de la pésima situación del profesorado andaluz en el marco nacional, exhortamos al Parlamento y al Gobierno andaluz a que recoja ese guante y se comprometa a evitar la acumulación de ambos recortes.
