Recortes en Andalucía
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Hay que compadecerse del gobierno andaluz, el más progresista de Occidente. A pesar de sus intenciones, ese espíritu solidario que le llevó el mes pasado a distribuir unos milloncejos para potenciar el sindicalismo andino (vean página 63 del Boja 73 del pasado 16 de Abril), no le ha quedado otro remedio que hacer recortes. Por supuesto, sin tocar educación ni sanidad. El diez por ciento de bajada salarial que tras el anuncio de ayer se calcula van a sufrir los funcionarios andaluces, gran parte de ellos docentes y sanitarios, no afectará al servicio. Tampoco el incremento de su jornada laboral. Aunque la consejera del ramo no lo tiene claro y se ha disculpado diciendo que estas medidas se toman por imperativo legal (el político patrio jura el cargo por imperativo legal, adopta decisiones presupuestarias por imperativo legal; lo único que no siempre hace por imperativo legal es cumplir la ley) y Valderás, vicepresidente de la Junta, se ha lavado las manos sugiriendo por un lado que la culpa es del cha-chá y, por otro, el carácter transitorio de las medidas —hasta que dure la crisis, como si no se supiera que esta ha venido para quedarse-, los andaluces no deben preocuparse porque sanidad y educación no serán tocadas. En realidad ningún español debería hacerlo porque para eso está Cayo Lara, el mismo que reclama cada día transparencia en las cuentas del rey y ningún día en las de los sindicatos, pero incluso sin él, no hay que preocuparse ya que si la ruina se agudiza, nuestros políticos pueden hacer un nuevo esfuerzo y mantener sanidad y educación no pagando a los profesores y a los médicos, sino simplemente haciéndoles disfrutar de ese inmenso privilegio que es ser funcionario.
Las noticias que llegan de Andalucía son como los programas de mayor éxito de Canal Sur, deprimentes. Deprime que la misma gente que lleva perorando contra los recortes aplique la tijera ahora de la manera más fácil —no recortando los excesos de la administración, abundantísimos en la suya, sino los salarios de los funcionarios-, que responsabilicen de esta decisión a otros, como si la incapacidad financiera andaluza fuera culpa del gobierno central y su treinta por ciento de paro se hubiera producido en los últimos cuatro meses, y sobre todo deprime que en Andalucía no se vaya a tocar Sanidad y Educación, sobre todo Educación, gracias a la cual hay allí un número más que inquietante de jóvenes que, salvo mover una carretilla llena de ladrillos o hacer un recortable sobre violencia de género, no están preparados para nada. Con el rollito del aprender a aprender, la educación en valores y el éxito escolar para todos, los jóvenes andaluces no sólo han quedado descolgados de un mercado laboral que en su tierra no existe, sino que tampoco poseen las competencias necesarias para buscarse trabajo fuera. El empeño de la Junta en utilizar la educación con fines ideológicos (prueba de que es así, de que vive en una burbuja, la burbuja pedagógica, es que no es consciente de hacerlo) lleva a donde hemos llegado.
Yo estoy de acuerdo con quienes creen que la política de recortes va a deprimir todavía más la economía, pero también estoy de acuerdo con quienes afirman que lo único que ahora se puede hacer es recortar el gasto público. La aparente contradicción descansa en un hecho que no depende de decisiones o ideas: que estamos sin blanca y, lo que es aún peor, sin capacidad para obtener a corto plazo recursos para afrontar nuestro impresionante nivel de gastos. Por supuesto, creo que los recortes deben ser selectivos. No se pueden podar las raíces, hay que empezar por lo superfluo. Todo el mundo coincide con esto. El problema es qué entienden los encargados de utilizar la tijera. Con las medidas anunciadas ayer por la Junta y las que se vienen adoptando desde hace meses en Valencia ya podemos hacernos una idea. Valencia y Andalucía son dos comunidades en las que el pueblo ha respaldado alegremente una política corrupta que las ha llevado a la ruina y al bono basura. En ambas ha habido que hacer recortes y empezar por lo superfluo. Ahora ya sabemos que lo más superfluo de todo es, por lo visto, el sueldo de los funcionarios (en particular de los docentes), y lo más necesario, lo intocable, la telaraña clientelar, de subvenciones y subcontratas, que da a los incorruptibles gestores la oportunidad de seguir ejerciendo el derecho de pernada que les reprochan, con razón, los indignados. Admito que simplifico, pero a veces las cosas simples son más verdaderas que las complejas. La situación en la que estamos es muy preocupante, y los dos grandes partidos, incapaces de salir de la mediocridad, no están a la altura. Si hubiera alguna manera de exigírselo, que no la hay, yo les exigiría que dejaran de escenificar su eterna pelea y que, a fin de ayudar un poco, hicieran lo que haya que hacer sin reprocharse mutuamente el desaguisado. Es absurdo que discutan por esto porque ambos tienen razón.
