De todos es sabida la gran precariedad existente en materia de infraestructuras en los centros docentes de esta nuestra comunidad, a pesar de la andanada de modernizaciones con las que hemos sido agraciados por el poder político en los últimos veinte años. Bastaría con hacer una lectura pausada del Real Decreto de condiciones mínimas que deben reunir los colegios e institutos para concluir, sin el menor asomo de duda, que la Consejería incumple por sistema lo que la norma prescribe.
Bien es cierto que estos males crónicos han venido coexistiendo, cada vez con más frecuencia, con notables signos de opulencia, o quizá mejor de gasto desenfrenado y despilfarrador, efectuado sin tasa ni tino (aunque no carente de inconfesables objetivos). Si por algo se caracteriza la política de gasto de la Consejería es por su derroche incontrolado y estéril. No sin razón pertenecemos, dentro de los países de nuestro entorno socioeconómico, al selecto grupo de aquellos que consiguen alcanzar "menos" logros con "más" presupuesto.Uno de los ingredientes de esta suerte de subdesarrollo que padecemos es el gran número de aulas prefabricadas (o "caracolas", como también se les conoce) que pueblan el paisaje escolar de Andalucía, signo claro de precariedad que ha acabado por integrarse de tal modo en nuestro devenir cotidiano, que ni se repara en ellas. Hasta que leemos noticias que nos devuelven a la cruda realidad.
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