El Gobierno dejará de pagar a 2.514 municipios por no auditar 2010
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La obligación está en la Ley de Economía Sostenible en vigor desde marzo pasado, por más que miles de alcaldes no se hayan dado por enterados. La norma establece que el Ministerio de Economía retendrá los ingresos derivados de la recaudación de impuestos ya en octubre a todos los ayuntamientos que el 31 de marzo no hubieran liquidado el ejercicio fiscal de 2010. A principios de julio, más de la mitad de los alcaldes españoles (5.126 de 8.114) había obviado la ley, lo que llevó al Gobierno central a abrir una prórroga que expiró el 31 de julio. Ese tiempo extra iba acompañado de una carta a cada administración local que con membrete y firma de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y la Entidades Locales explicitaba el ultimatum a los gobiernos municipales.
El aviso surtió efecto solo a medias. El último censo del Ministerio de Economía, cerrado ayer, señala que 2.514 municipios siguen sin remitir las liquidaciones del año pasado, con lo que en octubre ya no recibirán su participación de los impuestos hasta que pongan orden en su contabilidad.
Según las fuentes consultadas, la partida que reciben las administraciones locales del Estado cubre un 25% de su presupuesto anual, si bien un portavoz oficial de Economía insiste en que el objetivo no es retener ese dinero sino que las administraciones auditen sus ejercicios y envíen la información al ministerio, como exige la ley. Y añade que en cuanto se pongan al día, recibirán los fondos que les corresponden.
No saben de sus cuentas
J.P
Más de 5.000 ayuntamientos de todo tamaño y color político incumplieron durante meses el artículo de la ley de economía sostenible que obligaba a liquidar el ejercicio 2010 en el primer trimestre de este año. En Castilla la Mancha 664 de sus 919 ayuntamientos, el 72,25% evitaron liquidar sus presupuestos antes del 31 de marzo y está por ver cuántos aprovecharon la prórroga para poner en orden su tesorería. Numeros parecidos son los que arroja Andalucía, donde 488 de sus 771 alcaldes tampoco liquidaron el ejercicio fiscal de 2010 en tiempo y forma.
En la Comunidad Valenciana, eran 222 los municipios que a principios de julio tampoco habían asumido sus obligaciones contables, entre ellos el de Orihuela, con 87.113 habitantes o el de Alzira (44.758).
De los 105 regidores gallegos advertidos por el ministerio a unas semanas de que finalizase la próroga, 30 siguen incumpliendo la ley, 60 aseguran haberse puesto al día y una docena no sabe o no contesta. Hay incluso alcaldes de poblaciones pequeñas que tienen por liquidar el presupuesto de 2009 y otros que dicen desconocer su situación contable.
Aparte de facilitar el número de administraciones que no han cumplido, la Dirección General de Coordinación Financiera no ha detallado cuáles, si bien las fuentes consultadas admiten que ninguna de las capitales de provincia estarían afectadas por una medida que sí castigará a pequeños y medianos ayuntamientos.
La medida llega en el peor momento para las depauperadas arcas municipales y ha pillado a contrapié a cientos de regidores que accedieron al poder en las elecciones del 22 de mayo. Entre los más de 5.000 alcaldes que recibieron la circular de Economía son legión los que admiten que de llevarse a cabo la amenaza, en octubre no tendrán efectivo para pagar las nóminas de sus funcionarios. Varios de los dirigentes consultados estudian pedir otra prórroga al Gobierno central y solicitan la intervención de la Federación Española de Municipios y Provincias, que preside el socialista Pedro Castro.
En Ames, un ayuntamiento de 27.000 habitantes a las afueras de Santiago de Compostela, la situación es límite. Su alcalde, Santiago Amor, asegura que sin los ingresos del Estado en octubre no tendrá dinero para pagar a los funcionarios. Por eso ha establecido un plan de fiscalización y ha forzado un acuerdo unánime en el pleno para solicitar una nueva moratoria y evitar la asfixia de su administración. Por esos mismos apuros pasa estos días María Ramallo su compañera de partido en Marín, en la provincia de Pontevedra que tras ganar por mayoría absoluta en los comicios de mayo no tuvo tiempo para ordenar la contabilidad municipal. También ella recibió la circular de Economía y ahora espera clemencia del ministerio.
Entre la treintena de dirigentes consultados por EL PAÍS reina la idea de que finalmente el Gobierno central hará la vista gorda a dos meses de las elecciones generales y evitará un levantamiento de alcaldes en la precampaña. Economía lo niega. Con información de Sara Alonso, Xandre Vázquez Lorenzo, Iria Villar y Diana Mandiá.
