Más de 88.000 jóvenes que se han beneficiado de los 200 euros mensuales de ayuda al alquiler de vivienda se encuentran incursos en “expedientes de incidencias” del Ministerio de Fomento para que devuelvan con intereses el dinero que han recibido. Esta cifra supone casi una tercera parte de los 266.951 jóvenes de hasta 30 años con trabajo y salarios inferiores a 900 euros mensuales que se han beneficiado de la “renta de emancipación” que el Gobierno de Rodríguez Zapatero implantó en 2008.
Según los datos que el ministro de Fomento, José Blanco, remitió a primeros de agosto a la diputada de IU-ICV Nuria Buenaventura, de los 88.032 expedientes con incidencias, 13.052 corresponden a jóvenes que “no estaban al corriente o eran desconocidos en la Agencia Tributaria”. Otros 2.658 no habían pagado la Seguridad Social y en 28.757 casos habían superado el límite de ingresos anuales establecido en los ejercicios de 2008 y 2009.
La resolución de los expedientes por impago de impuestos, 13.052 –el 10% de los beneficiarios actuales– conlleva el reintegro directo, con los correspondientes intereses, de las cantidades recibidas. La cifra más abultada de fallos, 40.003, se debe a los perceptores que no han justificado el pago del alquiler. En la mayor parte de los casos se trata de transferencias bancarias a los caseros, de las que no han enviado el extracto con el concepto específico del pago. Además, la Administración ha dictado otras 28.757 resoluciones de reintegro por superar los ingresos anuales en 2008 y 2009.
Puesto que la gestión de la renta de inserción corresponde a las autonomías, que reciben el dinero de la Administración Central, han de contrastar los datos de la Agencia Tributaria y exigir además los extractos de pago antes de reclamar el reintegro de las cantidades pagadas indebidamente. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, de una resma de 670 expedientes de incidencia, 401 resultaron favorables a los jóvenes y 269 tuvieron que devolver el dinero. Son datos facilitados por Fomento al diputado del PP Vicente Ferrer.
Como se sabe, la renta de inserción fue anunciada en el otoño de 2007, tras las críticas de la oposición y de los propios socialistas a la gestión de la titular de Vivienda, María Antonia Trujillo, que había improvisado una agencia pública de alquiler con algunas personas de confianza cuya gestión se reveló desastrosa y se convirtió en una máquina de tirar el dinero público. El sector inmobiliario empezaba a desinflarse como un globo pinchado y el Gobierno quería “un aterrizaje suave” y no un batacazo.
Zapatero cesó a Trujillo y nombró a la entonces vicepresidenta del Congreso, Carme Chacón, quien anunció la implantación de la ayuda y se reunió con los inmobiliarios para que facilitasen pisos en alquiler. La idea era buena y la medida fue bien acogida. Se vistió el santo y fue bautizado con el nombre de “renta básica de emancipación”. La emancipación, como la rebeldía, es un concepto al que se abrazan los jóvenes en su deseo de trepar por la Pirámide de Maslow.
De paso, la medida desactivaba el movimiento “derecho a techo” que había comenzado a manifestarse en la Puerta del Sol y, lo más importante, contribuía a atraer el voto juvenil al PSOE en las elecciones de 2008 que entonces estaban a la vuelta de la esquina. La premura electoral y la promoción personal de la nueva ministra Chacón, facilitó la aplicación de la ayuda sin rigor técnico. Entonces Chacón ignoraba el dicho militar de que se pueden hacer las cosas bien, mal o como en la Marina, pero lo aplicó como en la Armada, a su manera.
Los primeros ajustes y requerimientos técnicos se aprobaron poco después de las elecciones de 2008. Desde entonces y hasta 2010 se registraron 432.019 solicitudes de ayuda por parte de otros tantos jóvenes. 165.068 fueron denegadas, pero de las 266.951 concedidas, más de un tercio están siendo revisadas por si la imprevisión administrativa del Gobierno hubiese facilitado las trampas.
