La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tiene previsto anunciar hoy un drástico recorte del 20% a los Presupuestos de la comunidad para 2012, que pasarán de los 8.616 millones de euros de este año a unos 6.800 millones. La medida supondrá un ahorro de 1.800 millones. En 2010 se presupuestaron 9.060 millones de euros, un 5% menos que en 2009.
Esta decisión del Gobierno 'popular' se enmarca dentro del compromiso de ajustar el elevado déficit público de Castilla-La Mancha al máximo fijado por el Estado a 31 de diciembre, que debe ser del 1,3%. La propia presidenta explicó el pasado lunes que va a intentar cumplir el límite de déficit, "claro que sí, teniendo en cuenta que en el mes de junio en Castilla-La Mancha había un déficit del 4,9%".
El ajuste establece nuevas prioridades al gasto público para garantizar los servicios esenciales. Por ello irá acompañado de un Plan de garantía de los servicios sociales básicos, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno, un compromiso adquirido antes de la campaña electoral para "garantizar la atención de las personas que más lo necesitan". Cospedal informará también en su comparecencia sobre este programa.
Nada más acceder al poder tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, Cospedal denunció que el anterior Gobierno socialista de José María Barreda había dejado un déficit en la región por encima del 4% a fecha de 30 de junio, cuando el objetivo para todo 2011 era del 1,3%. Los 'populares' llegaron a afirmar que la región estaba en "quiebra total".
La denuncia por parte de Cospedal del 'agujero' económico dejado por el Gobierno de Barreda fue el centro de la polémica política durante varias semanas, en las que el PP acusó al PSOE de haber ocultado la verdadera realidad de las cuentas públicas, mientras los socialistas acusaban a los 'populares' de "deslealtad" y de "alarmar con datos falsos".
A raíz de esta polémica, se elaboró un informe sobre el estado de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha que reveló la existencia de 1.742 millones de euros de facturas sin pagar a fecha 30 de junio, algunas de ellas vigentes desde hacía un año. Anteriormente los socialistas habían reconocido la existencia de 700 millones de euros pendientes de pago.
José María Barreda llegó a admitir entonces que el Gobierno entrante de Cospedal podía tener que enfrentarse a los 1.742 millones porque en los dos meses y medio en los que se realizó el cambio de poder se habían podido acumular las facturas por valor de unos mil millones "en un momento de transición política".
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