La Constitución pondrá coto a la deuda y someterá a mayor control a las autonomías
Los cambios en la Carta Magna son más estrictos de lo que reclamaba Pérez Rubalcaba. Se establece que un límite a la deuda del 60%, como exige Europa, que obligará a ajustar los gastos y los ingresos.
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Los cambios en la Carta Magna son más estrictos de lo que está intentando vender el aparato electoral del PSOE y su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba. Aunque inicialmente parecía que las tesis de la izquierda había triunfado, ya que la Constitución no establecía explícitamente el límite al déficit estructural del 0,4%, las fuentes consultadas por EXPANSIÓN aseguran que hay un artículo que ha pasado desapercibido hasta ahora y que es el que verdaderamente acotará los números rojos de las Administraciones.
Las comunidades autónomas pasarán a estar a partir de ahora casi tuteladas por un nuevo organismo. El párrafo que más ha molestado a algunos socialistas, que Zapatero sí que ha aceptado a pesar de las reticencias de Rubalcaba, es el siguiente: “El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea”.
Es decir, la Carta Magna obliga a que en 2020 la deuda sea del 60% del PIB, el límite que marca la UE. Fuentes cercanas a la negociación creen que este artículo es el que más frena la autonomía de las comunidades y de los ayuntamientos, y da alas al próximo Gobierno para hacer un duro plan de recortes del gasto avalado por la norma suprema del Estado.
En realidad, el límite en la deuda es como imponer un techo numérico al déficit en la propia Constitución: si la deuda está acotada es imposible aumentar el déficit de forma contundente. Esto tendrá dos consecuencias inmediatas: si la deuda no es inferior al 60% en 2020 los Presupuestos del Estado, CCAA y Ayuntamientos de ese año podrían ser declarados incluso ilegales.
Por ello, el Gobierno deberá establecer desde ya una senda de reducción de los gastos (o de aumento de los impuestos) que se traduzca en una reducción de las emisiones de bonos. Por lo tanto, se allana el camino para hacer recortes a partir de 2012, cuando llegue el nuevo Gobierno, que contarán con el aval explícito de la Constitución, algo que rechazaba de raíz Rubalcaba por razones electorales. El déficit tendrá que ser inferior al crecimiento del PIB para aminorar el volumen de deuda.
Los expertos inciden en que es más importante el coto a la deuda que el límite al déficit del acuerdo político, que al no estar en la Constitución dependerá de la elaboración de la Ley Orgánica. Los grandes partidos acordaron que el déficit “estructural” no podrá superar dentro de una década el 0,4% (un 0,26% el Estado y un 0,14% las autonomías). Los ayuntamientos no podrán tener déficit enquistado.
No obstante, los interventores consultados señalan que no es baladí que se hable de déficit estructural en la Constitución y en la Ley. Si el límite del agujero estructural es del 0,4%, los economistas señalan que el agujero presupuestario del que habitualmente habla Bruselas podría ser incluso un punto superior cada año.
Además, la Constitución, y la Ley Orgánica que detalle el nuevo techo al déficit y a la deuda, crea un órgano parecido al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero con mucho más poder. En esta mesa también tendrán que participar los ayuntamientos.
El Pacto de Estado no se ha cerrado aún. Queda lo más importante: la elaboración de la Ley Orgánica que dará forma a los límites que establece la Constitución a la deuda y a los números rojos, y que quedará en manos del próximo Gobierno. Fuentes de la negociación han reconocido que será “complicado”llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Sobre todo, después de las peleas internas que se han desatado dentro del PSOE.
