Francisco Camps va a tener la suerte de tener un sucesor de su partido, de manera que nadie levantará las alfombras como lo ha hecho María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para demostrar que la realidad económica es peor de lo que siempre ha descrito el animoso expresidente.
La herencia que deja Camps, después de ocho años de Gobierno, es una comunidad con 599.000 desempleados registrados -último dato de la Encuesta de Población Activa (EPA)-, lo que equivale a una tasa de paro del 24,12%, casi tres puntos por encima de la media nacional, que está en el 21,29%.
Además, el PIB regional ha crecido por debajo del nacional todos los años en que ha gobernado Camps y en los últimos dos años ha decrecido más que la media, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Donde sí se ha situado en cabeza es en deuda en relación al PIB, aunque es una situación que ya heredó de Eduardo Zaplana -y los diez meses de presidencia de José Luis Olivas cuando Zaplana se marchó de ministro-, que los gobiernos de Camps no han logrado corregir hasta los últimos años, en los que el crecimiento de la deuda ha sido inferior a la media nacional.
El principal problema ahora de la Generalitat valenciana no es solo su abultada deuda -17.895 millones a 31 de marzo de 2011, el 17,4% del PIB-, sino la falta de liquidez que está obligando al Gobierno valenciano a financiarse con los proveedores, a los que está retrasando los pagos cada vez más. Sumadas todas las deudas, las obligaciones de pago de la Generalitat superan los 32.000 millones.
Todo derivado de un sistema de financiación autonómica que sitúa a la Comunidad Valenciana a la cola de la financiación per cápita, según se ha quejado reiteradamente el Ejecutivo presidido por Camps, y cuyos ingresos se han hundido en los dos últimos años con la crisis inmobiliaria.
En las dos legislaturas de Camps, el sector industrial ha quedado muy dañado y el agrícola apenas representa ya un 4% del PIB, siendo el turístico el único que mantiene el tipo.
Aval del Tesoro para emitir
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, se presentará la próxima semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con dos reivindicaciones a la ministra Salgado. La primera, "que cumpla su promesa", según Vela, de adelantar el dinero del Fondo de Competitividad, ya que la Generalitat incluyó en su presupuesto de 2011 un ingreso de 633 millones de euros por este concepto sin el que no podrá cumplir el compromiso de déficit.
El segundo, compartido por otras autonomías gobernadas por el PP, que el Tesoro avale las emisiones de deuda autonómica, ya que las autonomías tienen los mercados cerrados.
La herencia de Camps: 600.000 parados y 17.895 millones de deuda -
elEconomista.es
Arruinada totalmente, bueno todas las comunidades autónomas están en la misma situación, a esto es lo que se han dedicado los políticos españoles. Todas se han dedicado a gastar y gastar. Supongo que en algún momento nos enteraremos de lo que ocurre en Andalucía, tiene que dar miedo.