Creo que es muy bueno este artículo que he leido esta mañana:
La enseñanza pública está viviendo momentos muy duros. Los recortes en los servicios básicos, ejecutados con la crisis económica –de final y salida tan inciertos– como pretexto, están resquebrajando de forma irreversible el ya maltrecho Estado del Bienestar, y poniendo en serio peligro una conquista social de años como es la educación pública. En lo que llevamos de legislatura, el asedio del PP a la escuela pública está siendo brutal: miles de docenes despedidos, becas suprimidas, la LOMCE… Pero no solo recorta el Gobierno central.
Tras una campaña soliviantando al electorado con el deterioro de los servicios básicos que conllevaría el triunfo de la derecha, el PSOE se hace otra vez con el gobierno andaluz en marzo de 2012, esta vez de mano de IU. No tarda entonces el nuevo ejecutivo en meter las tijeras en esos mismos servicios cuya defensa enarbolaba.
En educación, el inicio del curso 2012/13 viene marcado por el despido de más de 4.500 docentes interinos de secundaria y bachillerato. Cuando, dos años después, la lenta reincorporación del profesorado con tiempo de servicio todavía dista de consumarse, la Junta de Andalucía comienza el presente curso poniendo de patitas en la calle a cerca de 1000 docentes más, esta vez mayoritariamente de infantil y primaria.
El personal interino no es la única víctima de esta sangría. Su expulsión se ha traducido en un aumento de las ratios en las aulas, por encima incluso de los máximos permitidos. Así pues, el profesorado –cuya carga horaria se incrementa al tiempo que merma su capacidad adquisitiva– se ve obligado a desempeñar su labor en un contexto muy adverso, imposibilitado para ofrecer una atención individualizada al alumnado. La subida de la ratio, además, repercute en la falta de espacio en los centros educativos: escribimos estas líneas mientras permanece en nuestras retinas la imagen de un grupo de 1º de Bachillerato de 60 alumnos hacinados en un aula con 30 sillas.
Por otra parte, la lucha de esas más de 800 monitoras administrativas despedidas por la Junta pone en primer plano la terrible situación del personal no docente, víctima de un imparable proceso de externalización que afecta a cada vez más servicios: comedores, transporte escolar, personal de “lenguaje de signos”, actividades extraescolares, etc. Un proceso que, además de perjudicar seriamente la calidad de dichos servicios, convierte la escuela pública en una generadora de precariedad laboral al permitir que las empresas concesionarias de los mismos paguen a sus trabajadores y trabajadoras salarios de miseria. Valga como ejemplo el citado caso de las monitoras despedidas, cuya situación laboral era tan deplorable, que el primer tribunal que falla en su favor, sito en Córdoba, llega a compararla con la de los esclavos de las plantaciones del sur de Estados Unidos.
Y todo ello mientras mantienen una agencia de evaluación externa como la AGAEVE, o retrasan la extinción del costoso Plan de Calidad, declarado ilegal por el TSJA. O mientras gastan más de 7 millones de euros en tablets para el alumnado de 6º de primaria, al tiempo que recortan una cantidad similar en gasto corriente. Y, sobre todo, mientras favorecen al sector privado: en la provincia de Cádiz se han perdido 34 líneas en la escuela pública para este curso, mientras que se han renovado los conciertos educativos con 299 unidades en centros privados hasta el curso 2017.
No hace falta decir que el principal responsable de esta situación es el PSOE, del que depende la Consejería de Educación. Con todo, ante el riesgo de ser hechizados por los “cantos de sirena” de la convergencia, resulta oportuno recordar una vez más la corresponsabilidad de su socio de gobierno en el deterioro de la educación pública andaluza.
Cuando alguien de IU es interpelado por la posición cómplice con los recortes de su partido, su respuesta suele bascular entre la justificación “autoexculpatoria” (“educación no es competencia nuestra”) y la repetición del discurso compartido con los socialistas de la inevitabilidad (“vienen impuestos desde arriba”) y el “mal menor” (“con el PP sería peor”). Su apoyo en protestas educativas que apuntan a la Junta de Andalucía ha brillado más bien por su ausencia. Cuando se ha pedido su implicación en la lucha de algunos de los colectivos más castigados por los recortes en educación de la Junta –docentes interinos o monitoras administrativas–, su respuesta ha sido el silencio o, todo lo más, alguna declaración sotto voce. Más aún, su mediación en algún tipo de conflicto ha tenido como triste finalidad, en numerosas ocasiones, la de la desmovilización.
Podemos, los movimientos sociales y la defensa de la educación pública
“Podemos cambiará radicalmente el tablero político”, afirmaba Pablo Iglesias poco después de las elecciones europeas. Ahora toca ser conscientes de que ese tablero es bien diferente de una autonomía a otra. De Andalucía respecto a Madrid, por ejemplo.
El compromiso de Podemos con “los de abajo” ha de pasar por un posicionamiento nítido, contundente e innegociable con la defensa de la educación pública, y contra las políticas de austeridad que la erosionan. Lo cual en Andalucía, a nivel autonómico y municipal, requiere mantener la independencia no solo respecto a los partidos que recortan en los servicios básicos o apoyan esos recortes, sino también respecto a los proyectos “de convergencia” en los que participen, y que se constituyan sin principios políticos nítidos y sin un claro compromiso de denuncia y lucha contra las políticas de austeridad, vengan de donde vengan. Proyectos que en muchos casos –no nos engañemos– tienen detrás a una IU que busca una tabla de salvación de su hundimiento electoral, o que tienen como finalidad que “un grupo pequeño de personas consiga una cuota de poder”, en palabras de Pablo Echenique-Robba.
Nos consta que así lo entiende mucha de la gente que lleva dos años luchando por la educación pública en distintas organizaciones y plataformas –docentes funcionarios, interinos, activistas estudiantiles, etc.– y que ahora nutre las asambleas de Podemos en Andalucía, de lo que el círculo de Cádiz constituye un buen ejemplo. Su presencia en Podemos se explica por ser este un proyecto que lleva en su ADN el vínculo con los movimientos sociales y las mareas, y por su naturaleza de ilusionante “herramienta de participación” –más que de partido político al uso– destinada a cambiar las políticas existentes. Pero también, en cierta medida, por la situación de orfandad política en que se han encontrado numerosos activistas que se sienten traicionados por una IU corresponsable en el gobierno de Andalucía de la aplicación de las políticas de austeridad y de erosión de los servicios básicos que había denunciado durante la campaña electoral.
Contra los recortes, vengan de donde vengan. ¡Sí se puede! DIARIO
