Denuncian a la Junta por colocar a no funcionarios a cargo de subvenciones
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA) denunció ayer ante la Fiscalía a Marta Rueda, actual delegada de la Junta de Andalucía en Málaga y delegada de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y a Isabel A. F., jefa del Servicio de Formación para el Empleo de la Agencia SAE en la provincia. El motivo es la presunta atribución de competencias a personal laboral donde por Ley corresponde al funcionariado ejercer su labor en materias tan sensibles como la admisión y adjudicación de subvenciones o la supervisión y coordinación de academias de formación para desempleados.
Este sindicato alerta a través del escrito presentado de que no se está cumpliendo la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que se mantiene al personal de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), casi una quincena de trabajadores en situación de contratados laborales, ejecutando potestades públicas.
En concreto, las funciones están asociadas al Departamento de Gestión y Tramitación de Subvenciones y al Centro de Formación Especializado ‘Monseñor Óscar Romero’. Según se incluye en el documento «todo ese personal fue seleccionado sin la superación de pruebas públicas, objetivas y accesibles a todos los ciudadanos en las condiciones establecidas en la Constitución Española».
En dicho Centro de Formación ‘Monseñor Óscar Romero’, desde donde se coordinan o gestionan varias academias que ofrecen cursos a desempleados, «no hay personal funcionario y solo existe personal de la extinta FAFFE» y «en el Departamento de Gestión Tramitación de Subvenciones hay tres funcionarios y nueve empleados de la extinta FAFFE», para un volumen de trabajo que se antoja muy alto y muy sensible en cantidades y en requisitos que deben medirse por personal objetivo y no contratado a dedo para acceder a las mismas.
Para situar sobre esta cuestión habría que remitirse a la procedencia de los trabajadores de la FAFFE, los cuales trató de salvar la Junta de Andalucía integrándolos en el Servicio Andaluz de Empleo, al que estaban asociados, a partir de la polémica Ley de Reordenación del Sector Público y que la Sección Primera del Contencioso-Administrativo del TSJA paralizó el pasado mes de noviembre por irregular y contra el que no cabía no recurso alguno.
La FAFFE venía a ser otro organismo de los conocidos como agencias de la administración paralela donde los ‘enchufes’ han cundido, y que en teoría debería haber dejado sin funciones a 1.500 empleados en todo el territorio autonómico, pero que al socaire de estas noticias parecen haber sido menos, ya que desde entonces parecen ser ‘recolocados’ de alguna u otra manera en el SAE.
La denuncia, además detalla que en la Delegación Provincial de Málaga hay 66 trabajadores de la extinta FAFFE de los cuales hay un conserje, 10 administrativos, 10 personal de apoyo y 45 técnicos, «siendo el número totalmente desproporcionado», ya que suponen el 68% de la plantilla.
