El Gobierno andaluz ha anunciado 600 millones de inversión, 8.000 profesionales más (6.000 de ellos docentes), test para 143.000 trabajadores de los centros educativos cada tres meses y suministro de geles y mascarillas, que deberán usarse (éstas últimas) por todos los alumnos y profesores cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad y fuera de los habituales grupos de convivencia de los centros. Pero ese plan no ha despejado ni mucho menos las reservas de las familias porque la ratio de alumnos por aula no bajará de forma generalizada. La Junta de Andalucía ha descartado establecer turnos para que los alumnos vayan a clase en días alternos, como sí ha planteado con acuerdo de los sindicatos la Comunidad Valenciana por ejemplo. La Consejería de Educación considera que eso significa reducir en la práctica el número de días lectivos, razón por la cual mantiene la presencialidad durante toda la semana. En las instrucciones enviadas a los centros educativos sí se plantea la posibilidad de que se desdoblen los turnos, de manera que algunos grupos (de Bachillerato, por ejemplo) puedan trasladar al horario de tarde las clases. Pero son los equipos directivos, de acuerdo con el claustro de profesores, los que habrán de tomar esas decisiones. Por tanto, en el modelo andaluz, a pesar de la dotación extra de docentes o la habilitación de nuevos espacios, no será posible realizar todos los desdobles que serían necesarios para mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre alumnos. Por eso habrá que usar mascarillas o formar grupos estables de convivencia que reduzcan los contactos. Dentro de esos grupos, pensados sobre todo para las primeras etapas de la enseñanza, sí se podrá evitar el uso de las mascarillas. Una plataforma de AMPAS de Sevilla ha puesto en marcha una campaña para denunciar que las medidas son insuficientes para garantizar un regreso seguro a las aulas. «Sin seguridad no volvemos», reza el lema elegido por este movimiento que sugiere a las familias que le den plantón a la escuela en el inicio del curso.«Estamos convencidos de que la educación tiene que ser presencial. La enseñanza online no es una opción. La experiencia del curso pasado ha sido un desastre, con más de 90.000 alumnos andaluces totalmente desconectados. Pero si nos obligan a elegir entre la salud y la educación no tenemos más remedio que proteger la salud», explica Teresa Pablo, portavoz de la plataforma Escuelas de Calor, creada en 2017 para exigir la climatización de los centros educativos y que lidera el movimiento para reclamar un plan de choque en la enseñanza pública que permita comenzar el curso con seguridad «real».
Más profesores y bajada de ratio es básicamente su reivindicación y sugieren no llevar a los niños al cole en las primeras semanas del curso. Desde la Consejería de Educación advierten de que precisamente esas jornadas estarán dedicadas a que los alumnos «se familiaricen con los nuevos protocolos». La viceconsejera, Carmen Castillo, entiende «la incertidumbre» pero confía en que, una vez que las familias acudan a las sesiones informativas previstas, comprueben la eficacia de las medidas adoptadas. «El riesgo cero no existe pero es mucho lo que se está haciendo por minimizarlo», añade. Detrás de Escuela de Calor hay unas 200 AMPAS sevillanas, pero su batalla a través de las redes sociales ha encontrado ya eco en otras provincias, donde han surgido nuevas plataformas de padres como AMPAS en pie, en Málaga (con unas 180 asociaciones adheridas), o Niñ@s del Sur, en Córdoba. Olga Amado es una de las madres de Málaga que no piensa llevar a sus hijos al cole mientras no se garanticen medidas más efectivas de prevención de los contagios. "Yo también creo que es imprescindible la enseñanza presencial. Pero tengo grupos de riesgo en mi familia y no podemos asumir ese riesgo".
Olga, como Teresa, vienen oyendo estos días que también hay riesgo en las playas o en los bares y, sin embargo, están llenos. "Pero nadie nos obliga a ir a los bares o a las playas, y sí estamos obligados a llevar a nuestros hijos al colegio", apuntan. Por otro lado, el riesgo en un edificio cerrado, sin suficiente ventilación es mayor que en espacio al aire libre, añaden, "como así señalan los expertos". En este sentido, la Consejería de Educación lamenta el rechazo que ha generado la supuesta intención de la Junta de aplicar el protocolo contra el absentismo a todas esas familias que se nieguen a llevar a sus hijos a las aulas.
"Estamos convencidos de que no será necesario porque no vemos motivo para la alarma", apunta la viceconsejera. De cualquier forma, la Junta subraya que, en el caso de los alumnos más vulnerables, habrá protocolos específicos y las familias podrán justificar mediante informes médicos cualquier circunstancia que desaconseje la asistencia a las clases. "Tenemos herramientas para facilitar la enseñanza a distancia, como se hace otros años para los niños que lo requieran por razones médicas". La Consejería añade también que en los últimos meses ha habido reuniones frecuentes con las organizaciones sindicales y también con los representantes de las asociaciones de padres y madres de alumnos, por lo que rechaza que se hayan adoptado medidas de forma unilateral y sin negociación.
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