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Título: COMUNICADO de FASPI, FSES Y USAE ante las MEDIDAS de ACTUALIZACIÓN del PLAN ECON
Publicado por: maria202 en 10/Jun/2012~15:50
COMUNICADO de FASPI, FSES Y USAE ante las MEDIDAS de ACTUALIZACIÓN del PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO de REEQUILIBRIO de la JUNTA de ANDALUCÍA
FASPI (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes), integrada por SAFJA (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía), SMA (Sindicato Médico Andaluz) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía); FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad), integrada por SATSE (Sindicato de Enfermería) y ANPE-Sindicato Independiente; y USAE (Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería), integrada por SAE (Sindicato de Auxiliares de Enfermería) y FATE (Federación Andaluza de Técnicos Especialistas), ante este nuevo ataque del gobierno andaluz contra los derechos de los funcionarios y empleados públicos, manifestamos nuestro rechazo más enérgico a su plan de recortes.
• Porque se nos vuelve a convertir una vez más, a los funcionarios y empleados públicos, en los destinatarios casi exclusivos de los nuevos recortes anunciados.
• Porque las medidas que acompañan a la rebaja de los salarios suponen un deterioro añadido de las condiciones laborales de los funcionarios y empleados públicos.
• Porque la rebaja salarial conlleva una disminución de las pensiones futuras.
• Porque el deterioro de las condiciones de trabajo de los funcionarios y empleados públicos, lejos de mejorar la situación económica, contribuirá a su empeoramiento y provocará una disminución de la prestación de los servicios públicos y de su calidad.
• Porque nuevamente se ha hurtado el derecho a la negociación colectiva, reconocida en el Estatuto Básico del Empleado Público.
• Porque la Junta ha eludido conscientemente otras medidas de ajuste alternativas que hubieran evitado esta confiscación de nuestros derechos y salarios.
Entre otras:
Reducción del 50% de altos cargos en la administración andaluza.
Eliminación de los asesores de confianza política de los altos cargos
Eliminación de los puestos de libre designación.
Reducción de consejerías y direcciones generales.
Reducción drástica de gastos de protocolo.
Vuelta al sistema de fiscalización previa por la Intervención General de todos los gastos ocasionados en el sector público.
Establecimiento de un tope anual a los emolumentos totales recibidos por los altos cargos y fortalecimiento de las garantías de publicidad y transparencia.
Eliminación de la “Administración Paralela” en la Administración General de la Junta de Andalucía.
Eliminación de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones de empresarios.
Persecución del fraude fiscal en el ámbito de la comunidad autónoma.
Reducción drástica de los innumerables planes, programas y proyectos que desangran el presupuesto público sin obtener resultado satisfactorio alguno.
Reducción drástica de las partidas millonarias destinadas a propaganda institucional.
Estamos convencidos de que esta política activa de empobrecimiento de los funcionarios y empleados públicos no va a ayudar a salir de la dificilísima situación económica por la que atravesamos, sino todo lo contrario.
Igualmente hemos de manifestar nuestra profunda preocupación por el lógico deterioro de los servicios públicos consiguiente a la aplicación de las medidas contenidas en el Plan de reequilibrio presupuestario de la Junta, y las funestas consecuencias que de aquel pudieran derivarse.
Por todo ello, EXIGIMOS al gobierno de la Junta de Andalucía una rectificación de su política acorde con las promesas realizadas en campaña electoral a la sociedad andaluza, apostando por unos servicios públicos de calidad al servicio del ciudadano y por el respeto a las condiciones laborales de sus funcionarios y trabajadores en el marco de la negociación colectiva.
FASPI (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes), integrada por SAFJA (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía), SMA (Sindicato Médico Andaluz) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía); FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad), integrada por SATSE (Sindicato de Enfermería) y ANPE-Sindicato Independiente; y USAE (Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería), integrada por SAE (Sindicato de Auxiliares de Enfermería) y FATE (Federación Andaluza de Técnicos Especialistas), ante este nuevo ataque del gobierno andaluz contra los derechos de los funcionarios y empleados públicos, manifestamos nuestro rechazo más enérgico a su plan de recortes.
• Porque se nos vuelve a convertir una vez más, a los funcionarios y empleados públicos, en los destinatarios casi exclusivos de los nuevos recortes anunciados.
• Porque las medidas que acompañan a la rebaja de los salarios suponen un deterioro añadido de las condiciones laborales de los funcionarios y empleados públicos.
• Porque la rebaja salarial conlleva una disminución de las pensiones futuras.
• Porque el deterioro de las condiciones de trabajo de los funcionarios y empleados públicos, lejos de mejorar la situación económica, contribuirá a su empeoramiento y provocará una disminución de la prestación de los servicios públicos y de su calidad.
• Porque nuevamente se ha hurtado el derecho a la negociación colectiva, reconocida en el Estatuto Básico del Empleado Público.
• Porque la Junta ha eludido conscientemente otras medidas de ajuste alternativas que hubieran evitado esta confiscación de nuestros derechos y salarios.
Entre otras:
Reducción del 50% de altos cargos en la administración andaluza.
Eliminación de los asesores de confianza política de los altos cargos
Eliminación de los puestos de libre designación.
Reducción de consejerías y direcciones generales.
Reducción drástica de gastos de protocolo.
Vuelta al sistema de fiscalización previa por la Intervención General de todos los gastos ocasionados en el sector público.
Establecimiento de un tope anual a los emolumentos totales recibidos por los altos cargos y fortalecimiento de las garantías de publicidad y transparencia.
Eliminación de la “Administración Paralela” en la Administración General de la Junta de Andalucía.
Eliminación de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones de empresarios.
Persecución del fraude fiscal en el ámbito de la comunidad autónoma.
Reducción drástica de los innumerables planes, programas y proyectos que desangran el presupuesto público sin obtener resultado satisfactorio alguno.
Reducción drástica de las partidas millonarias destinadas a propaganda institucional.
Estamos convencidos de que esta política activa de empobrecimiento de los funcionarios y empleados públicos no va a ayudar a salir de la dificilísima situación económica por la que atravesamos, sino todo lo contrario.
Igualmente hemos de manifestar nuestra profunda preocupación por el lógico deterioro de los servicios públicos consiguiente a la aplicación de las medidas contenidas en el Plan de reequilibrio presupuestario de la Junta, y las funestas consecuencias que de aquel pudieran derivarse.
Por todo ello, EXIGIMOS al gobierno de la Junta de Andalucía una rectificación de su política acorde con las promesas realizadas en campaña electoral a la sociedad andaluza, apostando por unos servicios públicos de calidad al servicio del ciudadano y por el respeto a las condiciones laborales de sus funcionarios y trabajadores en el marco de la negociación colectiva.