Foro de Maestros25

Un dato nuevo que hay que tener en cuenta: en el anteproyecto de la Ley de Transparencia que ha presentado hoy la vicepresidenta se incluyen SANCIONES GRAVES a aquellos políticos y administraciones que NO CUMPLAN con LAS ÓRDENES DE AJUSTES (léase por ejemplo resposición de plazas de profesores al 10%). La ley se prevé que se publica para mayo o principios de junio. Es decir, según esta ley, si ya estuviera en vigor, la Junta habría cometido una infracción al haber sacado esta convocatoria al margen de los planes legales de ajustes; en junio, cuando se publique esta ley, será una infracción, y los responsables serían inhabilitados por años. Otro factor más que apunta a que no va a haber oposiciones (o serían como máximo muy reducidas); el gobierno no las va a permitir en estos términos, a no ser que cambie el proyecto, lo que parece muy poco probable.

Supongo que si la ley se aprueba de esta manera, y la convocatoria actual finalmente se recurre... y se alargara el proceso legal... podría tener su influencia o peso. Pero la cuestión es lo que nos da a entender este anteproyecto: EL GOBIERNO ACTUAL NO ESTÁ DISPUESTO de ninguna manera A QUE NINGÚN ENTE ADMINISTRATIVO INCUMPLA LA LEGALIDAD, por lo que -como ya se ha dicho hasta la saciedad, incluso por el propio consejero de educación socialista- no va a permitir que se lleve a cabo la convocatoria actual en los términos "ilegales" que se ha formulado.

Si un gobierno está dispuesto a que un mandatario sea penado con inhabilitación por no cumplir unas órdenes de ajustes, ¿qué podemos esperar que va a hacer con esta convocatoria que no las cumple?, más aún cuando el ministro de educación, los responsables de Hacienda y hasta la propia delegada del gobierno en Andalucía ha asegurado por activa y por pasiva que "hay que respetar la ley". Y no hablemos si mañana domingo gana Arenas las elecciones...