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Título: SORPRENDENTE Y DIDÁCTICO ARTÍCULO EN EL DIARIO "EL MUNDO"
Publicado por: verdepardo en 27/Ago/2011~14:49
La invasión constitucional
A estas alturas de la vida va ser muy difícil convencer al pueblo alemán de que no busque la raíz de la crisis europea en la fábula de la cigarra y la hormiga. Lo insinúa Angela Merkel, lo denuncia su prensa -sensacionalista y de prestigio- y lo razonan sus intelectuales (releer la espléndida entrevista de Ana Alonso a Josef Joffe): Alemania dejó entrar a los vagos manirrotos del sur en la moneda única y éstos se dedicaron a malgastar los fondos europeos cantando flamenco, engordando su administración y poniéndose por montera la disciplina fiscal.
Podrían consultar la hemeroteca, y recordar que fue Alemania la primera en saltarse el Pacto de Estabilidad (como les recuerda el honorable Helmut Kohl); podrían revisar las estadísticas laborales de la OCDE, y comprobar cómo en España se ha trabajado más que nunca durante la última década, o podrían rastrear en el Eurostat y certificar que, desde la entrada del euro, el endeudamiento y el déficit hispano ha sido históricamente bajos.
Pero para la canciller es mejor cubrir de tópicos a sus electores y relatarles cómo en el sur nos jubilamos pronto y tenemos muchas vacaciones. Sólo así, desde una postura tan racial y tan estrecha, se puede pensar que los problemas a la crisis periférica se resuelven cuadrando los presupuestos en las constituciones. Y sólo un dirigente tan débil y desvalido como Zapatero se lo puede consentir.
Cuando el presidente alemán, Cristian Wulff, entonó el miércoles la enésima retahíla de reproches a los holgazanes meridionales y a los que les ayudan (en este caso al BCE), el premio Nobel de Economía Josef Stiglitz le recordó, en su cara, que el problema de España no ha sido su disciplina fiscal (muy rígida hasta 2009), sino "el modelo macroeconómico", y que la imposición de políticas de austeridad sólo retrasará su vuelta al crecimiento. Antes del estallido de la crisis en 2008, España registró tres años de superávit y uno de déficit muy contenido (2,2%), mientras que el endeudamiento apenas rozó el 40% del PIB. La diferencia entre España y Alemania no se ha basado en cómo cuadrar ingresos y gastos, sino en la calidad de los ingresos (ladrillo frente a industria) y de los gastos (landers frente a autonomías).
Si nuestro problema es la deformación del modelo autonómico, ¿no sería más sensato abordar en un debate su rediseño constitucional a todos los niveles en lugar de anclar a salto de mata y por los siglos de los siglos el patrón de la política fiscal española?
Evidentemente, y no es poco, blindar el déficit en la Carta Magna nos previene de marcianadas tan absurdas como las perpetradas por Zapatero y Pedro Solbes en los últimos años de la época del auge económico, como la devolución de los 400 euros o la universalización de la ayuda a la natalidad (cheque-bebé). Incluso nos protegerá de monumentos a la estulticia fiscal como el Plan E, en el que se dilapidaron 8.000 millones que ahora tanto nos están costando ahorrar. Qué duro va a ser dentro de unas décadas leer los libros de historia económica de España.
La Carta Magna es la cúspide de nuestro régimen democrático y de nuestro ordenamiento jurídico, y como tal debería circunscribirse a la protección de nuestros derechos fundamentales. Es demasiado larga, incluye anacronismos inaceptables como la preeminencia de los varones en el acceso al trono o el privilegio hacia la Iglesia católica, y recoge artículos vacuos como el que consagra el derecho a la vivienda o al trabaja.
Ahora, el Gobierno y el PP pretenden que acumule otro déficit democrático todavía peor: la consagración de una política fiscal impuesta, en el mejor de los casos, por dirigentes políticos elegidos en otro país, y en el peor, por los consejeros de un banco central, a los que ningún ciudadano ha votado. ¿Deberíamos incorporar a Merkel, Sarkozy y Trichet al listado de padres de la Constitución? La política económica debe incluirse en los programas de los partidos que concurran a las elecciones y ser sancionados por los electores. O como mínimo someterla a debate y referéndum antes de aprobarla. Coser a la Constitución un manual de economía liberal (o intervencionista) es hurtar a los españoles el derecho a decidir qué es lo que quieren.
BOICOT A LOS PRODUCTOS ALEMANES.
A estas alturas de la vida va ser muy difícil convencer al pueblo alemán de que no busque la raíz de la crisis europea en la fábula de la cigarra y la hormiga. Lo insinúa Angela Merkel, lo denuncia su prensa -sensacionalista y de prestigio- y lo razonan sus intelectuales (releer la espléndida entrevista de Ana Alonso a Josef Joffe): Alemania dejó entrar a los vagos manirrotos del sur en la moneda única y éstos se dedicaron a malgastar los fondos europeos cantando flamenco, engordando su administración y poniéndose por montera la disciplina fiscal.
Podrían consultar la hemeroteca, y recordar que fue Alemania la primera en saltarse el Pacto de Estabilidad (como les recuerda el honorable Helmut Kohl); podrían revisar las estadísticas laborales de la OCDE, y comprobar cómo en España se ha trabajado más que nunca durante la última década, o podrían rastrear en el Eurostat y certificar que, desde la entrada del euro, el endeudamiento y el déficit hispano ha sido históricamente bajos.
Pero para la canciller es mejor cubrir de tópicos a sus electores y relatarles cómo en el sur nos jubilamos pronto y tenemos muchas vacaciones. Sólo así, desde una postura tan racial y tan estrecha, se puede pensar que los problemas a la crisis periférica se resuelven cuadrando los presupuestos en las constituciones. Y sólo un dirigente tan débil y desvalido como Zapatero se lo puede consentir.
Cuando el presidente alemán, Cristian Wulff, entonó el miércoles la enésima retahíla de reproches a los holgazanes meridionales y a los que les ayudan (en este caso al BCE), el premio Nobel de Economía Josef Stiglitz le recordó, en su cara, que el problema de España no ha sido su disciplina fiscal (muy rígida hasta 2009), sino "el modelo macroeconómico", y que la imposición de políticas de austeridad sólo retrasará su vuelta al crecimiento. Antes del estallido de la crisis en 2008, España registró tres años de superávit y uno de déficit muy contenido (2,2%), mientras que el endeudamiento apenas rozó el 40% del PIB. La diferencia entre España y Alemania no se ha basado en cómo cuadrar ingresos y gastos, sino en la calidad de los ingresos (ladrillo frente a industria) y de los gastos (landers frente a autonomías).
Si nuestro problema es la deformación del modelo autonómico, ¿no sería más sensato abordar en un debate su rediseño constitucional a todos los niveles en lugar de anclar a salto de mata y por los siglos de los siglos el patrón de la política fiscal española?
Evidentemente, y no es poco, blindar el déficit en la Carta Magna nos previene de marcianadas tan absurdas como las perpetradas por Zapatero y Pedro Solbes en los últimos años de la época del auge económico, como la devolución de los 400 euros o la universalización de la ayuda a la natalidad (cheque-bebé). Incluso nos protegerá de monumentos a la estulticia fiscal como el Plan E, en el que se dilapidaron 8.000 millones que ahora tanto nos están costando ahorrar. Qué duro va a ser dentro de unas décadas leer los libros de historia económica de España.
La Carta Magna es la cúspide de nuestro régimen democrático y de nuestro ordenamiento jurídico, y como tal debería circunscribirse a la protección de nuestros derechos fundamentales. Es demasiado larga, incluye anacronismos inaceptables como la preeminencia de los varones en el acceso al trono o el privilegio hacia la Iglesia católica, y recoge artículos vacuos como el que consagra el derecho a la vivienda o al trabaja.
Ahora, el Gobierno y el PP pretenden que acumule otro déficit democrático todavía peor: la consagración de una política fiscal impuesta, en el mejor de los casos, por dirigentes políticos elegidos en otro país, y en el peor, por los consejeros de un banco central, a los que ningún ciudadano ha votado. ¿Deberíamos incorporar a Merkel, Sarkozy y Trichet al listado de padres de la Constitución? La política económica debe incluirse en los programas de los partidos que concurran a las elecciones y ser sancionados por los electores. O como mínimo someterla a debate y referéndum antes de aprobarla. Coser a la Constitución un manual de economía liberal (o intervencionista) es hurtar a los españoles el derecho a decidir qué es lo que quieren.
BOICOT A LOS PRODUCTOS ALEMANES.