Ante la situación tan excepcional que estamos viviendo este inicio de curso, en el contexto de la pandemia del Covid-19, USTEA ha decido convocar una primera jornada de huelga el próximo 18 de septiembre para exigir todos los medios y recursos necesarios para poder garantizar una presencialidad segura para el curso 2020/21.
Es mucho lo que está en juego, la salud y la educación públicas son derechos básicos y fundamentales a los que no podemos renunciar y por esa razón, si las administraciones y los poderes públicos no los garantizan, es legítimo y necesario que la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad reivindique lo que es justo: seguridad en las aulas y educación presencial de calidad.
Por una bajada de la ratio que permita la distancia de seguridad.Resulta evidente que la única forma de poder aumentar la distancia de seguridad dentro del aula es disminuir el número de alumnos y alumnas que se encuentran dentro de ella. La bajada de la ratio además ayudaría a reducir la concentración de personas dentro de un espacio cerrado. El distanciamiento interpersonal, es una medida en la que insisten todas las autoridades sanitarias, a pesar de las increíbles declaraciones de Juan Manuel Moreno en las que afirmaba que con la mascarilla era suficiente, contradiciendo cualquier criterio sanitario aplicado en otros ámbitos, tal y como queda reflejado en las reducciones de aforo de establecimientos, locales de ocio, cines, teatros, edificios de la administración pública, el propio Parlamento de Andalucía, etc. ¿Cómo es posible que pretendan hacernos creer que esa medida no es necesaria dentro de las aulas?
Además, tal y como reconoce la propia administración, los llamados “grupos de convivencia” son una quimera, ya que no es real que se puedan mantener a estos grupos sin contacto con los demás. ¿Qué sucede cuándo se tienen hermanos o hermanas en otros grupos o centros? ¿qué sucede con las aulas de uso común (como el aula matinal) o el uso de servicios complementarios como el transporte o el comedor? Por esta razón es más evidente aún la necesidad de garantizar la distancia mínima de seguridad.
Por el fin de la ratio ilegal en nuestro sistema educativoUn año más la Junta de Andalucía vuelve a planificar un curso incumpliendo la legislación sobre la ratio. Nuevamente nos encontramos con cientos de aulas que inician el curso superando el número máximo de alumnos y alumnas que exige la norma. USTEA ha tomado ya varias iniciativas legales para exigir el cumplimiento de la norma, pero creemos que, además, es fundamental que la comunidad educativa reclame en las calles y mediante la movilización el fin de esta flagrante ilegalidad, que, en este curso, se convierte además en un atentando contra la salud pública, al dificultar el cumplimiento de las medidas de seguridad y aumentar la probabilidad de contagios en nuestras aulas.
Por el refuerzo de la educación infantil.¿Cómo se puede comprender que la educación infantil no haya recibido ni un solo profesional más este curso? La realidad de esta etapa es que las aulas van a estar con el mismo número de alumnos y alumnas que los cursos anteriores, como si nada hubiese pasado, con el agravante de que, en este caso, el alumnado no utilizará mascarillas. Es evidente que el riesgo se multiplica: de las 3 medidas básicas de seguridad, higiene, mascarilla y distanciamiento, sólo será posible, en el mejor de los casos, el cumplimiento de la primera de ella. No podemos tolerar la pasividad e inacción de la administración es esta etapa y rechazamos de pleno el delirante y denigrante argumento esgrimido por la Viceconsejera de Educación, que afirmó en mesa sectorial que no han pensado en refuerzos para esta etapa porque “al no ser obligatoria, las familias pueden no llevar a sus hijos al colegio”.
Por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la protección del personal sensible al Covid-19.Desde USTEA venimos denunciando la situación del personal especialmente sensible al Covid-19, que será obligado a incorporarse a unos puestos de trabajo, donde difícilmente se van a poder cumplir las medidas de seguridad, sea cuales sean sus circunstancias o patologías y estén controladas o no. La incorrecta evaluación de riesgos tiene su base en un documento del Ministerio de Sanidad que desde USTEA ya hemos denunciado y contra el que se están estudiando medidas legales, y en el incumplimiento de varios aspectos de la legislación en materia de PRL, ya que no se están evaluando los riesgos de cada puesto de trabajo ni se están adoptando las medidas más favorables desde el punto de vista de la prevención, tal y como establece el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Toda esta situación tendrá como consecuencia que personas con patologías previas se expongan al virus, con una alta probabilidad de padecer complicaciones graves de salud o incluso la muerte, en caso de ser contagiadas. Desde USTEA denunciaremos a la inspección de trabajo todos aquellos casos en los que consideremos que se están cometiendo ilegalidades.
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