Esquilmar a la sociedad entera para salvar a la Casta
El presidente del Gobierno compareció ayer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en el último Consejo Europeo y detallar la nueva batería de medidas que va a poner en marcha en el terreno económico. La situación actual de la economía española es tan grave que justifica sobradamente la adopción de medidas extraordinarias, pero ya que nuestro problema esencial es el equilibrio de las cuentas del Estado, lo que cabía esperar es que esas decisiones fueran dirigidas a reducir el monstruoso gasto público de las distintas administraciones antes de esquilmar todavía más a las clases productivas, que es finalmente lo que el Gobierno de Rajoy ha decidido.
Rajoy ha preferido actuar como lo hizo el pasado mes de diciembre nada más llegar al poder: anunciar con detalle una batería completa de subida de impuestos con entrada inmediata en vigor, limitándose a mostrar su disposición a introducir eventuales recortes de gasto en el futuro y ciertos retoques estructurales si las circunstancias lo permiten.
En su intervención, el presidente aseguró ayer que su gobierno no tenía más opción que adoptar esas decisiones "difíciles y dolorosas" para el conjunto de los ciudadanos, frase no por repetida menos falsa teniendo en cuenta el desbarajuste autonómico que padecemos. España tiene diecisiete minigobiernos que consumen 160.000 millones de euros anuales (el 17% del PIB), de los cuales 53.500 millones se van en pagar los sueldos de su personal y otros 28.000 en gastos para mantener la propia administración autonómica en funcionamiento, embajadas incluidas. Esos mismos miniestados derrochan nada menos que 24.000 millones de euros en repartir subvenciones a entidades privadas para los fines más diversos, que en los casos de las comunidades gobernadas por los nacionalismos suponen además una afrenta directa a los ciudadanos que no comulgan con su carácter sectario. Si sumamos a este catálogo de los horrores financieros el hecho de que las comunidades autónomas están endeudadas en más de 150.000 millones de euros, es necesario tener mucho cuajo para decir a esos mismos ciudadanos esquilmados por el engendro autonómico que no existe alternativa a la brutal subida de impuestos que el gobierno de España nuevamente les ha recetado.
Es cierto que Rajoy ha anunciado también algunas reformas estructurales que van en la dirección de reducir el peso del Estado, pero algo parecido dijo también en diciembre pasado y todo quedó prácticamente en nada salvo, eso sí, la subida de impuestos que acompañó a esa apelación grandilocuente, que los ciudadanos comenzaron a experimentar en su bolsillo de forma inmediata.
Rajoy se niega a atacar el problema central de la economía española sin otra motivación que la meramente política pues, desde un punto de vista exclusivamente técnico, es evidente que nuestro país tiene que modificar radicalmente su diseño institucional si quiere sobrevivir a esta crisis.
De momento el Gobierno prefiere elevar los ingresos del estado esquilmando a las clases medias, en especial a los funcionarios, antes que acabar con el parasitismo de una casta autonómica que se niega a renunciar a sus privilegios. El problema de Rajoy es que la situación de la economía española es tan angustiosa que más tarde o más temprano tendrá que enfrentarse a la realidad de que nuestro país no puede mantener más tiempo el engendro autonómico. Lo único que conseguirá con su inacción es que la agonía sea más larga. Y las víctimas más numerosas.
